Quién es quien en el chivatazo

El caso Faisán se ha convertido en un entramado de personajes de lo más variopinto con policías, políticos, jueces y etarras como protagonistas.

El chivatazo a ETA se produjo el 4 de mayo de 2006 cuando ya estaba preparada una operación que pretendía acabar con buena parte del aparato de extorsión de la banda terrorista, que se centralizaba a través del bar Faisán, situado junto a la frontera de Irún y Behobie. Este golpe a la banda se iba a producir en plena negociación entre el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y los terroristas.

Tras el arresto en junio de ese mismo año de Joseba Elosua, intermediario clave en la trama de extorsión que financiaba a ETA y dueño del bar Faisán de Irún, trascendió que una operación policial anterior fracasó debido a un soplo que provenía de la propia Policía.

El 4 de mayo, Elosua fue alertado de una inminente operación policial contra él y otros miembros de la banda a través de un teléfono móvil que le facilitó una persona cuando salía de su casa. El hecho se conoció gracias a una baliza que existía en el vehículo de Elosúa, y que grabó como se lo contaba a su cuñado, Carmelo Luquin.

El juez Grande Marlaska, responsable de la operación contra el aparato de extorsión, investigó este soplo en una pieza separada que él mismo dirigió abriendo la caja de los truenos.

Quién es quién en el caso del chivatazo a ETA

Alfredo Pérez Rubalcaba. Ministro del Interior. Llegó al Gabinete de Rodríguez Zapatero un mes antes de que se produjera el chivatazo. Su llegada al Gobierno coincidió con la negociación con ETA. Durante los cinco años que han pasado ha intentado disminuir la importancia del caso Faisán y recientemente ha declarado que nunca informó del chivatazo al presidente del Gobierno.

Víctor García Hidalgo. Era el director general de la Policía cuando se produjo el chivatazo. Actualmente está imputado en el caso y es el secretario de Organización del PSE. En las investigaciones aparece como la persona que ordenó el soplo a la banda terrorista.

Telesforo Rubio. Durante el chivatazo era el comisario general de Información. Posteriormente fue ascendido a una Subdirección y actualmente está destinado en Moscú. Fue el que ordenó que se avisara al juez Grande Marlaska. Este magistrado, primer instructor del Faisán, decidió a finales de junio de 2006 apartarlo de la investigación cuando supo que tardó tres días en informarle de que se había producido el soplo.

Inspector José María Ballesteros. Destinado en Vitoria en el momento que se produjo el chivatazo a ETA, era el hombre de máxima confianza del jefe superior de la Policía del País Vasco, Enrique Pamiés. Este mando policial aparece saliendo del bar Faisán cuando se produjo el soplo, según las imágenes del vídeo entregadas por el equipo de investigación dirigido por Carlos G.

Enrique Pamiés. Jefe Superior de la Policía del País Vasco. Ascendió a Comisario en el año 2004. Fue destinado como Jefe Provincial de la Comisaría de Vitoria. Desde su ingreso en el Cuerpo Superior de Policía en 1980 ha realizado toda su carrera profesional en el País Vasco. Las investigaciones dicen que fue quien habló con Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán, con un teléfono que le había facilitado José María Ballesteros.

Antonio Camacho. secretario de Estado de Seguridad y número dos de Rubalcaba. La investigación llega hasta él y hasta su teléfono del cual salieron llamadas a varios de los imputados durante los días anteriores y posteriores al chivatazo a ETA. Esas llamadas tenía como destinado un móvil no oficial del director de la Policía, el mismo que dio como salvoconducto a uno de los etarras que negociaba con el Gobierno, Jon Iurrebaso. Además, fue el que acudió hasta París para intentar calmar a la juez Le Vert tras el soplo.

Carlos Germán. Responsable del equipo de investigación del chivatazo, encargo que le hizo el juez Grande Marlaska. Uno de los nombres más comprometidos del caso, en su informe situó como responsables del soplo al que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y al jefe policial del País Vasco. Recientemente, el comisario José Cabanillas, su superior, le acusó de querer destruir las pruebas del chivatazo.

Comisario José Cabanillas. Era jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) cuando se produjo el chivatazo. Declaró la primera semana de febrero en la Audiencia Nacional y acusó al encargado de investigar el soplo, Carlos Germán, de querer destruir las pruebas y trató de desacreditar los informes que apuntaban a la cúpula de Interior como responsable del escándalo. Anteriormente fue el responsable de orientar el contenido de la mayoría de los informes del 11-M que apuntaban a Bin Laden y al terrorismo islámico internacional.

Comisario Enrique García Castaño. Comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo en 2006, fecha del soplo, fue el que intervino en las vigilancias al bar Faisán. En el sumario aparece una conversación suya con uno de los imputados, el jefe superior de la Policía del País Vasco, en el que le decía: "no te preocupes, Baltasar es amigo". Es también conocido por ser uno de los protagonistas de la versión oficial del 11-M después de que Díaz de Mera dijera que García Castaño le habló de un informe que se había ocultado y que vinculaba a ETA con los atentados. Posteriormente, el comisario lo negó todo.

Fernando Grande Marlaska. Fue el primer juez que investigó al chivatazo. El magistrado estaba temporalmente al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional sustituyendo a Garzón. Dirigía la operación contra el aparato de extorsión a ETA cuando se produjo el soplo y fue el que impulsó la investigación. Posteriormente fue sustituido por Baltasar Garzón.

Baltasar Garzón. Cogió las pesquisas realizadas por Grande Marlaska cuando le sustituyó. En primer lugar apartó a la Guardia Civil de la investigación del chivatazo y posteriormente emitió autos exculpando a los mandos policiales. Tras estas actuaciones, dejó el caso durante tres años en su cajón. Años más tarde citó a declarar como imputados al que fuera director de la Policía y al jefe policial del País Vasco.

Pablo Ruz. Actual encargado del caso tras sustituir a Garzón por su suspensión. Ruz ha sido el que ha impulsado la investigación y pidió que se produjeran nuevas diligencias para esclarecer el caso.

Carlos Bautista. Fiscal de la Audiencia Nacional. Responsable de un escrito que pide archivar el caso y que critica la actuación de las investigaciones policiales.

José Manuel Gómez Benítez. Miembro del CGPJ, abogado e íntimo amigo de Baltasar Garzón. Fue identificado como el “número 4” en la negociaciones del Gobierno con ETA y actuó como mediador. Durante las conversaciones con los terroristas puso el chivatazo como aval de buena voluntad del Ejecutivo. Aún sigue siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Joseba Elosua. Es el dueño del bar Faisán, situado en la frontera entre Irún y Behobie. Fue detenido y puesto en libertad por Garzón. Era el intermediario clave a través del cual llegaba el dinero de la extorsión hasta las arcas de ETA. Fue quien recibió el chivatazo que alertaba de una inminente operación policial a través de un teléfono móvil que le entregó un policía.

Jesús Eguiguren. Presidente del Partido Socialista de Euskadi. Firme defensor y parte activa de la negociación con ETA, se reunió en el bar Faisán con Joseba Elosua y con el ex dirigente etarra Julen Madariaga poco antes del chivatazo a ETA, según la declaración del propio dueño del local.

Juan Carlos Iurrebaso Atucha. Etarra. Fue hasta su detención, junto a José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea Josu Ternera, uno de los integrantes del equipo de interlocutores de ETA durante las negociaciones que el Gobierno Zapatero mantuvo con los terroristas. Fue detenido por la Gendarmería gala en un control rutinario en 2007. Al ser arrestado, dijo a los agentes que debían dejarle marchar porque era parte del equipo negociador y, para convencerles, les mostró números de teléfonos que se supone pertenecían a Víctor García Hidalgo y a un alto cargo de confianza de Nicolás Sarkozy en el ministerio del Interior francés. A él se le habrían incautado las actas de la negociación Gobierno-ETA que la jueza francesa Laurent Levert habría remitido al juez Ruz.

Gorka Aguirre. Sobrino del lehendakari José Antonio Aguirre, era miembro de la Ejecutiva del PNV y responsable de relaciones internacionales del partido. Fallecido en 2009. Era el encargado dentro del PNV de hacer gestiones relacionadas con la extorsión de ETA. En 2006 ya había sido interrogado por Grande-Marlaska por su relación con la estructura de extorsión de la banda. El día del chivatazo iba a participar en el encuentro que iban a mantener, entre otros, Joseba Elosúa y José Antonio Cau. Una de las hipótesis que existe es que el chivatazo se perpetrase para que la Policía no detuviesen ese día a Aguirre. El arresto habría coincidido con una reunión en La Moncloa entre Zapatero e Imaz con la negociación Gobierno-ETA como tema central.

José Antonio Cau Aldalur. Etarra cuya residencia estaba fijada en los alrededores de Bayona (Francia). Dentro del organigrama de la banda, era uno de los encargados de cobrar la extorsión a la que ETA somete a buena parte de la clase empresarial vasca y navarra. Era la persona con la que contactaba Elosúa para hacer efectivos los pagos de las extorsiones y con la que se iba a reunir el día del chivatazo para entregarle dinero procedente de la extorsión.

FUENTE: libertaddigital

Un informe de la Policía concluye que la cúpula de Rubalcaba dio el chivatazo

El equipo investigador ha analizado 833 nuevas llamadas telefónicas y ha descartado que ninguna de ellas pueda ser una alternativa al chivatazo. El equipo que investiga el caso Faisán ha analizado 833 nuevas llamadas telefónicas, y ha descartado que ninguna de ellas pueda ser una alternativa a la que consumó el chivatazo. Según publica El Mundo, incluso después de ampliar la investigación a las llamadas recibidas en el bar, la teoría que cobra fuerza sigue siendo que el soplo lo dieron los tres imputados, como única "hipótesis racional y congruente". El juez Ruz solicitó este informe al equipo de investigación para responder a las objeciones con las que el Pleno de la Audiencia Nacional revocó el procesamiento del exdirector de la Policía, Víctor García Hidalgo; del exjefe superior del País Vasco,Enrique Pamiés, y el inspector jefe José María Ballesteros. El informe insiste en uno de los principales reproches a la investigación, y explica que lo "razonable" es que la llamada del Bar Faisán fuera "saliente" y no "entrante". Es decir, que Ballesteros, que estaba en el bar, llamara a su jefe Pamiés "por cuanto el sujeto 2 (interlocutor) no puede precisar el momento en el que el sujeto 1 (portador del móvil) va a abordar a Joseba Elosua". El equipo de Carlos Germán expone en esta investigación el análisis que ha llevado a cabo de las 833 llamadas entrantes recogidas ese 4 de mayo de 2006 por las antenas de telefonía de la zona. Todas ellas son analizadas, para quedarse sólo con las que duraran más de cinco minutos, que empezaran entre las 11:20 y las 11:30 horas y que acabara entre las 11:25 y las 11:40 horas; características oficiales de la "llamada del soplo". El resultado es "la existencia de cinco llamadas de sentido entrante que cumplen estos requisitos objetivados". Después, se interrogó a los usuarios de esos teléfonos, y según el informe: "se puede afirmar que todos sus titulares y/o usuarios son personas absolutamente ajenas y desconocedoras de la investigación y de las informaciones facilitadas a Joseba Elosua y son personas desvinculadas de cualquier nexo con miembros de las FFCCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado], eliminándose su más mínima vinculación con los hechos investigados". Por eso, el informe concluye que "que de las 1.932 llamadas registradas (entrantes y salientes) ese día [...] sólo una reúne los requisitos fijados y a su vez cumple con el requisito específico de que los titulares y/o usuarios de esos teléfonos sean funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía". Se trata de la que efectuaron a las 11:23 horas Ballesteros y Pamies. Además del informe de la Policía, Ruz también pidió otro informe a la Guardia Civil, relativo al material reunido por el equipo investigador. El Instituto Armado también apuntó la implicación de los imputados como "hipótesis más consistente" y descartó las supuestas incoherencias expuestas por el Pleno. También la Guardia Civil criticó la decisión de descartar las llamadas entrantes, por lo que Ruz ha pedido al Insitituto Armado que amplíe el informe. FUENTE: libertaddigital