La cocina del Ministerio de Trabajo está más ocupada que nunca. El dato oficial de paro registrado se aleja de la realidad y el maquillaje es ahora una herramienta habitual para intentar enmascarar la sangría laboral. Conozca cómo se realiza un apagón estadístico. El ministro de trabajo,Celestino Corbacho.
Cada mes el departamento ministerial que dirige Celestino Corbacho publica el dato de paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem). Los medios de comunicación se ciñen a la información oficial y repican como si fuera un mantra sagrado la cifra de desempleados que, en teoría, no tienen trabajo. Luego, los analistas emplean esta estadística para realizar análisis sobre la evolución del mercado laboral y todo ello llega a la opinión pública como si fuera real, pero no lo es.
En realidad, el dato de paro registrado ha sufrido tantas alteraciones que ya es difícil saber a quién considera el Gobierno como parado. Ahora es sólo un concepto burocrático que se emplea con fines propagandísticos (de todos los colores políticos) y que maquilla el volumen de desempleados.
Aunque esta actuación no ha sido exclusiva del actual ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tras su incorporación el departamento ha incrementado el apagón estadístico. Como muestra de ello cabe destacar su intención de sacar de las listas de parados a los prejubilados que quieren trabajar y al hecho de que se afilien niños a la Seguridad Social para alterar la población activa y, con ello, la tasa de paro, tal como público en exclusiva LD.
Pero comencemos desde el principio. Cuando se observa la normativa del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) se observan muchas excepciones creadas para no contabilizar a ciudadanos sin empleo como parados.
Existen muchas de ellas que generan a los economistas consultados po LD y que la mayoría fueron aprobadas en 1985 por el entonces miembro del Ejecutivo socialista, Joaquín Almunia. Ahora este político es el responsable de la política económica de la Unión Europea.
Del conjunto total de excepciones, el ex responsable de la oficina Económica de Moncloa durante el Gobierno del PP, José Barea, y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid cita éstas como las más "sospechosas".
* Perceptores de prestaciones por desempleo que participen en trabajos de colaboración social
* Demandantes de un trabajo cuya jornada laboral semanal sea inferior a las 20 horas
* Demandantes de empleo coyuntural por un periodo inferior a tres meses.
* Demandantes que estén cursando estudios de enseñanza oficial sean demandantes de primer empleo.
* Trabajadores beneficiarios del subsidio agrario que estén percibiendo el subsidio por desempleo.
* Personas que estén apuntadas a cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Aunque el maquillaje se hubiera quedado ahí hubiera sido suficiente para tirar por tierra la credibilidad del paro registrado en el análisis del mercado laboral, dejando esta cifra solamente para realizar comparativas homogéneas con el resto de países de la Unión Europea que comparten esta estructura estadística. Pero todavía quedaba mucha tela que cortar en el taller de La Moncloa y la llegada de Jesús Caldera al Ministerio de Trabajo, nueve años después, fue el catalizador que inició una serie de alteraciones en el cálculo del paro registrado.
El "efecto Caldera"
Así, un mes antes de las pasadas elecciones generales, en febrero de 2008 el Caldera inició su particular campaña electoral. Entonces la economía española estaba sufriendo los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el mercado laboral expulsaba a miles de personas cada vez.
La velocidad del ritmo de aumento del paro comenzaba a desbocarse y el ministro cambió el método de cálculo del paro. Por aquellos tiempos el Gobierno decía que no había crisis y dos meses después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero dijo que España estaba “en condiciones de alcanzar el pleno empleo”.Caldera sacó de los registros de desempleados a las personas que acuden a cursillos de formación y los catalogó como demandantes de empleo no ocupados (DENOS).
El retrato robot de estas personas era evidente: inmigrantes que perdían su puesto de trabajo con la crisis al carecer de conocimientos que les permitieran cambiar de ocupación y los españoles y extranjeros expulsados del sector inmobiliario por el pinchazo de la burbuja del ladrillo.
De esta forma entró en vigor una nueva subcategoría dentro del colectivo de demandantes de empleo no ocupados (DENOS). Se trata de los demandantes de servicios previos al empleo y sirve para que las comunidades autónomas puedan sacar de las listas de parados a las personas que pierden su trabajo y son apuntadas a cursos de formación. Los servicios y las construcción son los sectores que más desempleados aportan a esta subcategoría hasta ahora.
Según explicaba entonces Trabajo, "los servicios de desempleo de las comunidades autónomas podrán o no aplicar este ajuste administrativo". Por tanto, aseguraban, también puede ocurrir que las autonomías del PP sigan estimando a este colectivo como parados, como reglamentariamente sucedía hasta ahora, y que sigan en la estadísticas del desempleo.
Sin embargo, existe un matiz importante. De las 17 autonomías, sólo cinco tienen un sistema informático propio para recoger estos datos (Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña).
Las cuatro últimas están gobernadas por el PSOE y en Andalucía y Cataluña se encuentra el caladero de votantes socialista. Es más, en fuentes populares se señala a estas dos autonomías, sobre todo a la andaluza, como promotoras del "cambio técnico". De hecho, la Comunidad de Madrid expresó sus "reticencias" al cambio estadístico.
Desempleados “con disponibilidad limitada”
Y el maquillaje del Gobierno no se acaba aquí. El departamento que dirige Corbacho tampoco incluye en las listas a un número importante de parados, agrupándolos en el epígrafe estadístico de desempleados "con disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica". Estas personas, según afirma el Inem, "son aquellos demandantes, sin empleo, que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo". Es decir, que son también parados aunque la burocracia no los considere como tales.
Por si todo esto no fuera suficiente. El Ministerio de Trabajo tiene intención de incluir a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) dentro de una "clasificación específica" en las listas del paro. La razón es sencilla: la recesión está obligando a muchas empresas a utilizar este tipo de herramienta para adelgazar sus plantillas, reducir costes y así poder salvar a la empresa y a la mayor parte de los trabajadores y Corbacho no quiere que, de repente, crezca el paro registrado por encima de sus estimaciones manipuladas.
La explicación oficial es que el cambio se debe a que sus "circunstancias y disponibilidad para el trabajo" no son las mismas que las de otros desempleados, según el Ministerio. Así lo confirma el departamento que dirige Celestino Corbacho en una respuesta parlamentaria. Esta propuesta está siendo discutida con los agentes sociales.
Trabajo recalca que esta nueva clasificación no requeriría "modificar la regulación", ya que su objeto sería "únicamente identificar" a las personas que se encuentran en dicha situación laboral y "tenerlo en cuenta" para "beneficiar a aquellas personas que estén en edad de trabajar y, a pesar de que estén buscando activamente empleo, no lo encuentren".
Finalmente, el paro registrado tampoco incluye a aquellas personas que no tienen trabajo pero no están dispuestas a aceptar cualquier empleo. Como por definición un parado es aquel que no pone condiciones, a las personas que han manifestado las suyas al funcionario de la oficina de empleo no se les considera desempleados.
La población activa y la afiliacion de niños a la Seguridad Social
Fuera del paro registrado, existe otra estadística que sirve al Gobierno para informar sobre la evolución del mercado laboral. Se trata de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). La metodología de cálculo ha sufrido muchas alteraciones en la última década y el actual tiene sólo tres años de vida, ya que se adopto en 2005.
Como su nombre indica es una encuesta telefónica y define a la población activa como la formada por todas aquellas personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia, incluso de forma esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un sueldo, salario u otra forma de retribución conexa, en metálico o en especie.
La estadística también define otro concepto, el de "persona con empleo pero sin trabajar": personas que, habiendo ya trabajado en su empleo actual, estén ausentes del mismo durante la semana de referencia y mantengan un estrecho vínculo con él. “La fuerza de este vínculo se determina de acuerdo con la creencia del entrevistado en reincorporarse o no a la empresa yde acuerdo con el periodo de ausencia o la percepción o no de algún tipo de remuneración”, según establece la normativa.
Precisamente, el dato de población activa es el que blande el presidente del Gobierno para justificar el aumento del paro registrado, aunque sean dos cosas distintas, procedan de distintas fuentes estadísticas y, metodológicamente no tengan nada que ver. Y menos cuando se descubre que incluye a menores de 16 años en las listas de afiliados totales (no cotizantes) a la Seguridad Social bajo el pretexto de actualizar sus seguros escolares, según conoció en exclusiva LD.
Según confirman padres afectados, centros escolares y funcionarios del INEM, algunas escuelas e institutos están entregando a menores de 16 años unos documentos por los cuales la Tesorería General de la Seguridad Social “procede a asignar” un número de afiliación a los escolares, distinto al de sus padres, a pesar de que no están en edad de trabajar y, por lo tanto, no cotizan al sistema de protección estatal
LD ha podido documentar varios de estos casos, que afectan a dos provincias españolas, aunque desde los Servicios Públicos de Empleo del Ministerio de Trabajo se admite que son miles los niños menores de 16 a los que se les asigna el número de afiliación:
"En muchos institutos, colegios concertados y privados, de toda España se ha afiliado a clases enteras de alumnos de 14 y 15 años con la excusa del seguro escolar, aunque la edad legal para trabajar son los 16 años cumplidos, salvo en el caso especial de menores que ejercen una actividad artística no continua, como, por ejemplo los actores. Sin embargo, en otros centros, según hemos comprobado, esta no es la pauta seguida. En estos últimos lo único que se requiere a los padres es el abono de la cuota anual del seguro escolar cuando matriculan a sus hijos", explica un funcionario del INEM.
La explicación oficial es peregrina, sobre todo cuando se comprueba que, tras las quejas de los padres, la Tesorería General de la Seguridad Social informa que los niños deben seguir utilizando el número de afiliación de sus padres. Los juristas tachan esta actuación de “vergonzosa” mientras el departamento ministerial no se aclara sobre si afiliar menores es “un error” o “una obligación”.
Finalmente, hay que recordar que Trabajo también ha decicido dejar de publicar el dato de afiliación a la Seguridad Social del último día de mes y ahora sólo facilita el de afiliación media, con lo que evita contabilizar a un buen número de personas que dejan de trabajar en este periodo. También ha eliminado la estadística de “familias con todos sus miembros en paro”, para evitar la crítica política, mediática y, en último término, para que no lo sepan los ciudadanos.
FUENTE: libertaddigital
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