Lola Gorostiaga, vicepresidenta y Miguel Angel Revilla, presidente de Cantabria. Un informe de fiscalización revela opacidad en los gastos del bipartito PSOE-PRC. Faltan facturas, los balances se rinden fuera de plazo y no se justifican los sobrecostes.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, evita siempre entrar en valoraciones políticas, pero las irregularidades llevadas a cabo por el Gobierno bipartito de Cantabria y desveladas por un informe elaborado por el órgano que preside le han obligado a admitir en el Congreso que la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas está estudiando una posible sanción contable al Gabinete de Miguel Ángel Revilla.
Las irregularidades y deficiencias que habría cometido el Ejecutivo gobernado por el PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) se refieren, según el informe del Tribunal de Cuentas, a incumplimientos reiterados de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El análisis del órgano fiscalizador resuelve que en los años 2004 y 2005 el bipartito cántabro no realizó de forma correcta la gestión de los fondos públicos. A lo largo de las más de 260 páginas de las que consta el informe se explica cómo el equipo de Revilla no aporta todas las facturas correspondientes a los gastos realizados por su Gobierno, las cuentas se rinden fuera de plazo y existen sobrecostes y modificaciones de presupuestos que no han sido suficientemente justificados en opinión del Tribunal. Por todo ello, según anunció en sede parlamentaria el presidente del órgano, la sección de enjuiciamiento está estudiando posibles sanciones administrativas.
El hecho de que se modifiquen los presupuestos de algunos proyectos sin aportar la pertinente justificación que explique por qué ha sido necesario gastar más dinero del previsto es una de las revelaciones del informe. En este sentido, el caso más grave de falta de control del erario público es el que atañe al hospital Marqués de Valdecilla. Según el estudio, “el contrato de suministro de materiales de la Unidad del Dolor del centro fue remitido al Tribunal con un extraordinario retraso” y cuando fueron requeridas las facturas que justifican el gasto en material “únicamente se aportaron por un importe representativo del 11% del precio del contrato”. Es decir, que en ese caso casi el 90% del gasto no puede ser justificado por el Ejecutivo cántabro.
De especial trascendencia es la referencia a las obras de ampliación de dicho hospital, que según el PP deberían haber finalizado en el año 2007 y que a día de hoy continúan sin llevarse a término. Además, expone el análisis del Tribunal de Cuentas, la modificación de los contratos de adjudicación no se realizó con la correspondiente justificación ni se acreditó “la existencia de necesidades nuevas”. Según el presidente del Tribunal de Cuentas, “también existen irregularidades en el Instituto Cántabro de Salud” y el Gobierno de Revilla no aporta memorias justificativas de los gastos tal y como “exige la normativa presupuestaria”.
En su comparecencia en el Congreso, Manuel Núñez también explicó que el bipartito PSOE-PRC no ha hecho los deberes y sigue sin seguir las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas. “En el área de Contratación sigue siendo necesario especificar los métodos de asignación”, una recomendación que tampoco “ha sido tenida en cuenta”, se queja el Tribunal.
Según el Partido Popular, el informe del órgano fiscalizador pone de manifiesto que el bipartito socialista-regionalista cayó entre 2004 y 2005 en “un crecimiento descontrolado del gasto que ha desembocado en un aumento del endeudamiento y un “despilfarro del dinero público por parte del Gobierno regional”. El PSOE justifica las críticas del tribunal asegurando que estas irregularidades se producen en todas las regiones.
FUENTE: lagaceta
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