Después de dos atentados, de dos compañeros caídos y de saber que en Palmanova no había inhibidores ni cámaras, los sindicatos abrieron la brecha. Y ahora les han seguido miles de agentes.
"Lo ocurrido nos conduce a una profunda y motivada reflexión: que aquellos que se dedican a proteger a los ciudadanos de bien también deben ser protegidos con eficientes planes, sistemas y protocolos de seguridad, evidenciándose que nuestra seguridad puede y debe ser mejorada".
Ése es el mensaje principal de una esclarecedora carta que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil le remitó este viernes a Alfredo Pérez Rubalcaba. En parecidos se expresaba un día antes la Asociación Unificada de la Guardia Civil a través de un comunicado que era más un grito de socorro.
Los atentados de Burgos y Calvià han reabierto el debate sobre la seguridad de los cuarteles. Es una vieja batalla que mantienen los miembros del Instituto Armado con el Ministerio del Interior y que se ha acrecentado después de conocer, por ejemplo, que en Palmanova, donde murieron Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada, no había inhibidores de frecuencia ni cámaras de vigilancia. Lo que facilitó las cosas a los etarras.
Con los cadáveres de sus compañeros aún calientes, guardias civiles de toda España se han lanzado a Internet para protestar en su principal foro por el maltrato institucional y presupuestario que sufren, sin temor a represalias gracias al anonimato que les confiere la Red. Ahí se pueden leer centenares de comentarios tan duros como estos, en los que se quejan de la falta de perímetros de seguridad, cámaras, chalecos antibala, inhibidores en los coches...
"Para eso nos tiene el Gobierno, para poner los muertos, luego saldrán alabando a la Guardia Civil, pero de mejorarnos nuestras condiciones de vida nada";
"A ver si se dan cuenta de una puta vez que necesitamos instalaciones en condiciones, con perímetros de seguridad en condiciones, más de la mitad de los cuarteles de España con los coches aparcados en la calle, otros dos compañeros fallecidos por culpa del dinero que el Gobierno no se gasta en dotarnos de unas mínimas condiciones de seguridad";
"Y ahora como siempre lo único que harán los de arriba es un bonito entierro y puesta de medalla";
"¿Cuántos cuarteles hay en España sin vigilancia?, aquí donde yo vivo conozco por lo menos dos, que distan 8 km uno de otro, sin una triste cámara de vigilancia, los hay a patadas, así que lo tienen a huevo".
"¿Cómo se puede tener tanta cara y tan poca vergüenza, por qué no ponen el remedio antes de que esto ocurra?, ¿por qué un Guardia Civil se tiene que comprar de su sueldo un chaleco antibalas para estar protegido?";
"Aquí el Tío Zapa no hace nada de nada... ni por dotarnos de mejoras en uniformidad YA, ni por dotarnos de vehículos con inhibidores";
"Vivo en una casa cuartel con mi mujer, no tenemos guardia de puertas, aunque lo tuviésemos las cámaras prácticamente no funcionan. No tenemos perímetro de seguridad, una patrulla para una demarcación enorme...";
"Hay que reclamar más presupuesto para medidas de seguridad. Es una vergüenza que la Guardia Civil tenga que ir en Nissan Patrol de hace casi 20 años, sin chalecos antibalas, y soportando que cualquiera pueda aparcar en las inmediaciones de un cuartel".
En septiembre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó obras de emergencia para la mejora de la seguridad en los cuarteles de la Guardia Civil del País Vasco, por un importe de cinco millones de euros. Pero no fue hasta después de los atentados en Durango y Legutiano (en este último murió en mayo de 2008 Juan Manuel Piñuel).
Previamente, el Ministerio del Interior había puesto en marcha un plan de refuerzo de la seguridad de las instalaciones del Instituto Armado no sólo en el País Vasco y Navarra, sino también en comunidades autónomas limítrofes.
De forma paralela, la Comisión de Interior del Congreso aprobó por unanimidad el pasado mes de diciembre una proposición no de ley en la que se proponen medidas para mejorar la seguridad de los cuarteles de la Guardia Civil y de las dependencias de la Policía Nacional en el País Vasco y Navarra.
La iniciativa instaba al Gobierno a autorizar de forma urgente aquellas obras necesarias ya sea dentro o fuera de las instalaciones policiales en aquellos casos en los que los ayuntamientos afectados deniegan sistemáticamente las licencias de obras, algo que sucede con relativa frecuencia en consistorios de ambas comunidades.
Aunque a la vista está que ningún cuartel en toda España está a salvo, sobre todo porque muchos de ellos se construyeron hace décadas en zonas poco protegidas o de fácil acceso para los terroristas.
FUENTE: periodista digital
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