Más de 50.000 expedientes en firme están actualmente paralizados l En muchos de los casos, las demoras llegan a superar los nueve meses. La medida es para personas de 22 a 30 años.
La Renta Básica de Emancipación supone más de un quebradero de cabeza para los jóvenes que se han embarcado en un contrato de alquiler y contaban con 210 euros de ayuda a corto plazo.
El pago, una de las medidas sociales aprobadas en la pasada legislatura, dispone un apoyo económico para las personas entre 22 y 30 años con una renta inferior a 22.000 euros anuales. El objetivo de la ayuda es favorecer la vida independiente del 80% de los jóvenes que, hasta hace un año, declaraban querer hacerlo pero por razones económicas no podían —de hecho, los españoles son los europeos que más tarde salen de casa—. Por otro lado, las ayudas del Ministerio de Vivienda pretendían dinamizar el mercado de alquiler, muy poco desarrollado en el país, que apenas representa el 11% frente al 40% de media en Europa.
Pero el engranaje no ha funcionado con la celeridad esperada y sus beneficiarios, ávidos de iniciar una vida independiente desde el mercado de alquiler, aguardan expectantes el ingreso. Desde su puesta en marcha, el 1 de enero de 2008, Vivienda esperaba cerrar 180.000 contratos el primer año que beneficiarían a 360.000 jóvenes. En el último balance de septiembre de 2009, 20 meses después, alrededor de 149.000 jóvenes estaban cobrando.
El proceso
Los problemas se revelaron desde los primeros meses de su puesta en marcha y ya el año pasado el Defensor del Pueblo inició una investigación para esclarecer los retrasos “ante el elevado número de quejas recibidas por una inadecuada información, los trámites burocráticos exigidos y las demoras”. El volumen de reclamaciones viene siendo tan elevado que la institución ha abierto un canal de comunicación especial con el ministerio de Beatriz Corredor para remitirle sucesivas recomendaciones. En lo que va de año, el Defensor del Pueblo ha registrado alrededor de 480 quejas por esta causa y ha estimado más de la mitad de ellas. La institución también ha detectado una mejoría en los retrasos, especialmente desde la aprobación del Real Decreto de 20 de marzo, una medida de choque para agilizar las miles de solicitudes pendientes de cobro.
Desde que las comunidades autónomas dan luz verde a la petición, trámite al que deben dar respuesta en dos meses, se inicia un proceso de tramitación para el que no hay plazos aproximados por parte del ministerio: la tramitación requiere una serie de pasos que no se pueden saltar para asegurar que recibe la ayuda quien realmente tiene derecho a ella.
En la gestión intervienen además instituciones ajenas al ministerio: la comunidad autónoma, la entidad de crédito, la Administración Tributaria y de Seguridad Social, el Banco de España y el Tesoro Público para verificar que quien recibe la ayuda tiene derecho a ella. Y en consecuencia, dice Vivienda, no existen estimaciones para efectuar el pago.
La condición de arrendatarios de los jóvenes es ineludible a juzgar por su renta: estadísticamente abanderan el mileurismo, ocupan puestos laboralmente precarios marcados por la temporalidad (la diferencia salarial es del 36% respecto a los trabajadores fijos) y tienen cerrado el grifo del crédito personal —y, por descontado, el hipotecario— desde antes de la crisis. En estas condiciones, “la ayuda es un salvavidas, creo que no veré un euro hasta el finales de año. No sé si podré aguantar más tiempo sin cobrar”, afirma David Rodríguez, uno de los afectados, que espera una respuesta desde hace cuatro meses. “El proceso de tramitación es farragoso desde la presentación de todo el papeleo hasta que la solicitud es aprobada”, explica este comercial de 27 años, cuya situación es extensiva a más de 50.000 jóvenes que han recibido luz verde de su comunidad autónoma y están pasando un mal trago para pagar los recibos mes a mes.
El ministerio considera que técnicamente no hay retrasos: el día que cobren ya percibirán todos los atrasos de golpe, con carácter retroactivo, esto es, alrededor de 1.200 euros de media. Pero hasta entonces tendrán que correr con los gastos del alquiler del inmueble y los gastos corrientes (agua, luz, gas, Internet...) sin remedio.
Recomendaciones
Ante el aluvión de quejas recibidas, el Defensor del Pueblo decidió remitir al Ministerio de Vivienda algunas recomendaciones con ocasión de la modificación del RD. Dichas sugerencias giraban en torno a la necesidad de que se regule “con mayor precisión y detalle el trámite del pago una vez que se ha dictado resolución definitiva favorable, de la que se pueda deducir un plazo para que sea efectivo, y se informe de las consecuencias del retraso en el pago (interés de demora) y en la tramitación (indemnización de daños y perjuicios)”.
No es la primera vez que el Defensor del Pueblo pone la lupa sobre estas ayudas: ya ha abierto pesquisas para conocer por qué se suspenden de forma repentina y sin previo aviso los pagos a quienes venían cobrando.
Pero lo más llamativo es que la institución llegó a plantear entre sus hipótesis que la ayuda podría estar modificando el panorama natural del mercado inmobiliario, favoreciendo la subida del precio del arrendamiento de aquellas viviendas alquiladas por jóvenes, lo que, en última instancia, perjudicaría a sus interesados.
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