El PSOE, detrás de la agencia que se forró con el Plan E

Lluis Garriga, del Consell Nacional del PSC, es jefe adjunto de Lavinia.
El presidente de Lavinia, Antoni Esteve (derecha), junto al ex ministro de Industria Joan Majó

Lluis Garriga, un destacado miembro del Consejo Nacional del PSC-PSOE, dirige los negocios en Cataluña del Grupo Lavinia, una compañía que desde 2005 ha recibido más de 2.002.853,49 euros en forma de adjudicaciones de la Generalitat de Cataluña y 6 millones de euros de otras administraciones públicas en manos del PSOE, según ha podido saber LA GACETA. Lavinia es, además, una de las empresas que recibieron el contrato para difusión y publicidad del conocido Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero Garriga no es el único dirigente de Lavinia vinculado directamente con el PSC. Xavier Marcet, consejero delegado de LTC Project, la consultora del Grupo Lavinia, fue durante siete años concejal del partido en Tarrasa y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en materia de comunicación en organizaciones administradas por los socialistas.
El último y polémico contrato de la productora fue la campaña publicitaria lanzada por el Gobierno central para difundir el Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo).

Lavinia es, además, la empresa de cabecera del PSOE para organizar su propaganda en Internet. La productora fue la creadora de campañas como “La sonrisa positiva” de Zapatero o la difusión del “Sí” al Estatuto de Cataluña a través de la Red.
Sin embargo, a pesar de ser públicas las buenas relaciones que el presidente de la compañía, el periodista catalán Antoni Esteve, tiene con varios dirigentes del PSOE, hasta ahora se desconocían las vinculaciones directas que la productora tenía con el partido.
Del PSC a Lavinia
Lluis Garriga, miembro del Consell Nacional del PSC (el órgano que confecciona las listas electorales del partido), es el máximo responsable de la gestión de la productora en Cataluña. Entre sus funciones se encuentra la de buscar nuevas líneas de negocio y analizar los concursos públicos a los que se pueda presentar la compañía. Garriga, fichado por el Grupo Lavinia en 2004 como director adjunto de Desarrollo de Negocio, lleva más de una década vinculado al PSC-PSOE. Fue jefe de prensa del partido hasta 1998, en la etapa de Narcís Serra como primer secretario general. Ese año, Garriga fue elegido miembro del Consejo de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), propuesto por los socialistas.
En 1999 dejó el ente público autonómico para, con Joan Clos en la alcaldía, convertirse en jefe de prensa del Ayuntamiento de Barcelona, donde permaneció hasta 2004, año en el que es fichado por Antoni Esteve para formar parte del equipo directivo del Grupo Lavinia. Un año después, en 2005, la productora consiguió el codiciado contrato para encargarse de los contenidos de BTV, el canal de televisión municipal de Barcelona, propiedad del consistorio en el que Garriga había ejercido hasta el año anterior.
A partir de ese momento, la carrera del Grupo Lavinia para conseguir contratos públicos con administraciones en manos del PSOE ha sido imparable.
Las buenas relaciones son evidentes. Además de las adjudicaciones recibidas de las administraciones socialistas, Lavinia es la empresa utilizada por el PSOE para gestionar directamente varias páginas web del partido. El diario y la web del PSC, junto con el portal de apoyo al Estatuto de Cataluña, están alojadas directamente en el servidor de la compañía. Además, Lavinia tiene el contrato para el mantenimiento de la agenda cultural del Ayuntamiento, la web de la Diputación de Barcelona, el Distrito @22 (consorcio entre el consistorio, las universidades y la Diputación de Barcelona), ComRadio y La Malla (éstas últimas, la radio y el diario de la Diputación).
Precisamente, el propietario de Lavinia, Antoni Esteve, es patrono de la Fundación Barcelona Media, entidad que fomenta el traslado de centros docentes a una antigua zona industrial de Barcelona, conocida ahora como Distrito @22.
Accionista socialista
Lluis Garriga es uno de los socialistas vinculados al Lavinia. Pero no es el único. Xavier Marcet, un histórico del PSC vinculado al mundo universitario, es consejero delegado y accionista de una de las empresas del Grupo, la consultora LTC Project, que también recibe cuantiosos contratos de administraciones gobernadas por el PSOE.
LTC tiene contratos con la Generalitat de Cataluña, la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona y los ministerios de Industria, Educación, Ciencia y Presidencia. El único cliente público no socialista para el que trabaja la consultora es la Diputación de Orense, regentada por el PP.
Marcet fundó LTC junto con Antoni Esteve en 2002. Antes de entrar en el mundo empresarial privado había desarrollado su carrera profesional vinculado a la política, como concejal de Tarrasa por el PSC y al mundo de la comunicación en organizaciones administradas por los socialistas.
Desde 1994 fue jefe de Gabinete del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cataluña. En 1999, de la mano de Jordi Valls, ex alcalde de Manresa y ex diputado regional del PSC, es nombrado director general de Localret, un consorcio de 800 municipios catalanes para el desarrollo de la sociedad de la información. Poco después de lanzar adelante LTC, la consultora del Grupo Lavinia, en 2004 Marcet se convierte en responsable de comunicación del Forum de las Culturas, en el que participa la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Puede resultar, cuanto menos, chocante, que el propio Marcet se queje abiertamente en su blog del “ecosistema de partidos y medios de comunicación” que existe actualmente, ya que el directivo considera que “más que una garantía democrática parece una coalición endogámica de intereses”.


FUENTE: lagaceta

Elena Salgado, una mujer de gustos caros

A la vicepresidenta económica del Gobierno no le cuadran sus cuentas. Posee una exclusiva propiedad inmobiliaria en la Costa Azul, concretamente en el segundo piso de un palacete clásico en pleno centro de Niza. Se abre una incógnita sobre su declaración oficial de patrimonio inmobiliario.



Ha resultado ser mujer de gustos caros. Elena Salgado, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, no duda en aparecer ante la opinión pública como la defensora de los "desfavorecidos" cuando presenta la reforma fiscal y sin embargo su vida es un paradigma de lujo. Salgado posee una exclusiva propiedad inmobiliaria en la Costa Azul, concretamente en el segundo piso de un palacete clásico en pleno centro de Niza. Por no hablar de su pasión por el montañismo en el Tirol austriaco; incluso presume de haber subido al Kilimanjaro, el pico más alto de África.

Austeridad sí; pero para otros. Niza, la ciudad que cautivó a Henri Matisse o a Anatole Jakovsky y su arte naïf ,es un verdadero privilegio, en el epicentro de la Costa Azul y símbolo en Francia del turismo más exclusivo. Es donde se relaja la responsable política del peor de los aumentos impositivos de la historia económica española. La vicepresidenta es propietaria de una garçonnière en la plaza más elegante de Niza, asomada al soleado azul Mediterráneo y muy cerca del Hotel Negresco.

La vicepresidenta tiene declarados 236.934 euros de bienes inmuebles (según valor catastral) en los que difícilmente cabe el apartamento francés, teniendo en cuenta sus diversas propiedades inmobiliarias en los mejores barrios de la capital de España. Lo que abre una incógnita sobre su declaración oficial de patrimonio.

¿Una vida de "poderosa" está al alcance de un probo funcionario público? ¿O consecuencia de su actividad privada? La cuestión es dónde cimentó su nada desdeñable patrimonio, que incluye una casa con pretensiones de petit relais en la Costa Azul. Al parecer, el capricho francés proviene de lucrativas operaciones del sector de telecomunicaciones tras dejar la Secretaría de Estado del ramo.

Salgado terminó Ingeniería Industrial en 1972 y era la única mujer de su curso. Luego se especializó en organización industrial (con máster en la Escuela de Organización Industrial) y se graduó en Económicas en la Complutense en 1977. Poco después, en 1982, el felipismo la convirtió en directora de estudios de Instituto para la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria. De allí pasó al Ministerio de Economía, donde fue directora general de Personal. Salgado asumió el encargo de revisar el sistema retributivo de los funcionarios. Aquello la llevó a algunos consejos de sociedades públicas como Renfe, Hunosa o Transmediterránea. La condición de consejero era en la práctica un sobresueldo gracioso a funcionarios relevantes, un montante que rondaba unos 1.000 euros por mes por cada consejo, que estaban limitados a un máximo de dos simultáneamente.

Salgado asumió la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente con Josep Borrell como ministro (1991). Allí algunos la llamaban la nazi, tal vez por sus modos y su afición por Wagner. Su relación con los funcionarios fue muy tensa. Recuerdan que enviaba subalternos a recoger ropa a las mejores tiendas de marca de la madrileña calle de Serrano; o que el ascensor de la secretaría se bloqueaba para empleados y visitas, cuando ella quería subir o bajar de su vivienda (en el segundo piso) evitando así los encuentros inoportunos. Sus malas relaciones allí con Javier Nadal, hoy vicepresidente de Telefónica, dieron mucho que hablar.

Presidió los consejos de administración de Correos, Caja Postal e Hispasat y fue miembro también del consejo de Telefónica, hasta la recta final de la primera etapa socialista en la Moncloa. Cuando Salgado dejó la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (1996) compaginó diferentes experiencias profesionales privadas, algunas de ellas tuvieron que ver con gestiones de lobby, fundamentalmente junto a Ladislao Azcona.

Aunque ella lo obvie en su currículo el felipismo le dio otro trabajo público. El Ministerio de Defensa la condecoró en 1996 con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar (distintivo blanco) por la reorganización que practicó allí, contratada por Gustavo Suárez Pertierra.

También realizó informes sobre adaptación a normas en el sector de las telecomunicaciones con clientes del tipo Airtel o British Telecom, junto a José Ramón Caso, en Lenci Consulting. En esta firma fundada en 1995 trabajó entre 1997 y 2002. Accedió al consejo asesor de la desaparecida Arthur Andersen y de la Universidad Politécnica de Madrid, hasta que en 2002 fue nombrada directora ejecutiva de Vallehermoso Telecom y, en 2003, presidente de 11811 Nueva Información Telefónica (propiedad de la alemana Telegate). Un año después accedió al consejo de Abertis Telecom y desde allí al Gobierno de Zapatero.

Hay que reconocer que Salgado es una mujer muy sincera. “Le dije al presidente que apenas sabía nada de esto”, confesaba en una entrevista refiriéndose a cuando Rodríguez Zapatero la nombró ministra de Sanidad. No contó nunca que tuvo el aval de Alfredo Pérez Rubalcaba, el hombre puente con el felipismo. Empezó muy fuerte con el ánimo de liderar la Organización Mundial de la Salud, pero fracasó. Su mandato —desde abril de 2004 hasta el 9 de julio de 2007— se caracterizó por la primera ley antitabaco o por la unificación de tallas, la ley de reproducción asistida y la investigación genética con usos terapéuticos, que le valieron unos cuantos enfrentamientos con la Conferencia Episcopal. Su amenaza contra el vino no llego a concretarse, pero si su encontronazo con la cadena Burger King, en plena cruzada antigrasa. En Sanidad, se ganó el apelativo de sargento de hierro.

El éxito electoral de Zapatero llevó a Elena Salgado a ser candidata paracaidista por Cantabria (ella es de Orense) y a sustituir a Jordi Sevilla en Administraciones Públicas. Y desde allí su fama de killer-cumpleórdenes a sustituir a Pedro Solbes en la vicepresidencia Económica. A pesar del aumento de su influencia no le ha abierto las puertas de Moncloa a su primer jefe político, Carlos Solchaga, cerradas desde el primer día. Eso sí, ha protagonizado ya la subida de impuestos más grave de la historia económica española.

FUENTE: lagaceta