López Garrido dio 78.000 euros a una fundación del PSOE cuando era patrono

LA GACETA adelantó que la carta que presentará es “falsa”, según los querellantes.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, fue ayer imputado por un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, tal y como adelantó el jueves LA GACETA. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, dictó ayer un auto por el que admite a trámite la querella presentada por el Centro Jurídico Tomás Moro contra López Garrido, por conceder subvenciones por valor de 78.000 euros a la Fundación Alternativas de la que es patrono.

Según los hechos declarados en la querella, a la que ha tenido acceso este diario, la primera resolución que el secretario de Estado firmó a favor de la fundación próxima al PSOE está fechada el 22 de julio de 2008. En ella se concede una partida de 60.000 euros para la actividad Hablemos de Europa: ¿Qué Europa queremos? Diez meses después, el 14 de mayo de 2009, López Garrido volvió a autorizar otra ayuda económica a la Fundación, por importe de 18.000 euros, para la actividad Portal web. ¿Qué Europa queremos? Por estos hechos, el juzgado de instrucción afirma en su auto que “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Esto supone, que el próximo día 4 de diciembre López Garrido deberá comparecer en el juzgado de instrucción para declarar por estos delitos.

¿Todo claro?

Por su parte, el secretario de Estado para la UE declaró ayer, al término de la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado, que “todo está clarísimo” y que “este asunto tiene unos trámites judiciales que voy a seguir”. Además, desde la secretaría de Estado se envió a los querellantes una carta con fecha de 21 abril de 2008 a Pere Portabella, presidente de la Fundación Alternativas, en la que se dice que López Garrido suspendió todas sus actividades en relación con la Fundación Alternativas. La carta dice así: “Querido presidente: Como sabrás, acabo de ser nombrado secretario de Estado (...) ruego tomes nota de que suspendo mis actividades como miembro del patronato de la fundación que presides, en tanto duren mis actuales funciones”.

Sin embargo, Javier Pérez-Roldán y Suances, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, señaló a este diario que “la carta de López Garrido fechada el 21 de abril de 2008 es falsa porque no tiene cuño de salida ni de entrada en ningún registro. Por tanto, carece de validez jurídica”.

Según los querellantes, “hasta el 24 de mayo de 2009 López Garrido seguía figurando como miembro del patronato de la Fundación Alternativas tanto en su página web como en el Registro de Fundaciones”. Además, “la misiva habla de la inminente presidencia de española del Consejo de la Unión Europea, y la inminencia es en el 2009, señal evidente de que el secretario de Estado la fechó en abril de 2008 y la redactó en 2009 cuando conoció que se habían querellado contra él por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos”, apunta Pérez-Roldán.

Para el presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, “no podemos ir a Europa presididos por un corrupto, qué imagen vamos a dar, por lo que pedimos su dimisión de forma inmediata”.

Incoherencia legal

Por otra parte, la querella subraya que “dada la dudosa veracidad de la carta, en nada altera los supuestos delitos que se le imputan porque ni en los estatutos de la Fundación ni en la Ley 50/2002 de Fundaciones se contempla la posibilidad de que un miembro de un patronato proclame una autosuspensión de sus actividades”. Además, “tanto el cese como el nombramiento del cargo debe realizarse mediante una escritura pública e inscribirse en el Registro de Fundaciones”.

La presunta conducta delictiva de López Garrido está tipificada en el Código Penal, Ley de Incompatibilidades de los Funcionarios de la Administración Pública y el Código de Buen Gobierno.

FUENTE: lagaceta

Un alcalde socialista y dos altos cargos con Pujol, detenidos por corrupción

Los ayuntamientos de Santa Coloma y Sant Andreu han sido registrados en una operación de Garzón en la provincia de Barcelona. Entre los detenidos, al menos siete, está el alcalde de Santa Coloma, que es vicepresidente de la Diputación; y dos altos cargos con Pujol, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta.

Diversos despachos de los ayuntamientos de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) están siendo registrados este martes por orden del juez Baltasar Garzón por presuntos delitos urbanísticos. El PSC gobierna en los consistorios de Badalona y de Santa Coloma de Gramanet. Por su parte, Sant Andreu de Llavanares tiene un alcalde de CIU.

La Guardia Civil ha detenido al menos a siete personas, entre ellas el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, del PSC, en una operación relacionada con la presunta adjudicación de obras y servicios vinculadas a la construcción. Esta localidad barcelonesa tiene 115.000 habitantes. Entre los detenidos también está el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco (PSC). Fuentes municipales explicaron que el acalde no acude al ayuntamiento desde ayer porque estaba enfermo.

La Benemérita también ha detenido también a Lluis Prenafeta, secretario general de la Presidencia de la Generalidad con Jordi Pujol entre 1980 y 1990, en el marco de la operación contra la corrupción desarrollada en la provincia de Barcelona. También han informado de la detención de ex consejero de Economía en el Ejecutivo de Jordi Pujol, Macià Alavedra.

En la operación también han sido arrestados el director gerente de Servicios de ayuntamiento de Santa Coloma, Pascual Vela, personal del consistorio y empresarios del sector inmobiliario.

Fuentes jurídicas han asegurado que la investigación se inició en la Audiencia Nacional en 2007 y está relacionada con otra causa llevada en la propia Audiencia Nacionaldos años antes. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.
Agentes de la Guardia Civil se han desplazadoa la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet en el marco de esta operación para registrar varios despachos de la sede municipal, de donde han hecho salir a los funcionarios para llevar a cabo la operación.

FUENTE: libertaddigital

La portada de Época llega al Congreso

El último escándalo publicado por la revista ÉPOCA, a la venta desde hoy, ha suscitado el interés del Partido Popular, que ya ha preparado una pregunta para la próxima sesión de control al Gobierno. Ricardo Tarno le planteará concretamente al vicepresidente tercero, Manuel Chaves "¿qué actuaciones ha realizado el Gobierno de la Nación tras conocerse la imputación por delito de cohecho del director general de Mercasevilla, SA., empresa participada por Mercasa?".

El semanario publica cómo se ha destapado otra trama corrrupta que afecta al que fuera presidente de la Junta de Andalucía. Dos colaboradores de Chaves, el director de Mercasevilla y el director adjunto de la sociedad, exigían dinero a empresarios, algo que, según el Partido Popular andaluz, el hoy vicepresidente tercero "conocía de primera mano".

FUENTE: La nacion

Gerardo Conde (PP) sobre la exclusiva de lanacion.es

Si se demuestra, el alcalde debería dimitir

El portavoz popular en el ayuntamiento de Santiago de Compostela, en declaraciones para lanacion.es, confirma las supuestas irregularidades del alcalde socialista, Sánchez Bugallo.

"Estamos en presencia de una decisión judicial que obedece a una denuncia presentada por el alcalde y ampliada por el PP. Aquella era una denuncia trampa y tuvimos que acudir a los tribunales de justicia. Se nos negó la documentación que solicitábamos", explica.

A su juicio, los socialistas "estaban intentando colar una irregularidad flagrante" porque "hay una manipulación muy burda de una oferta de la que tiene conocimiento el juzgado de instrucción. No se trata solo de esa adjudicación, hay una empresa que se llevaba todas las adjudicaciones".

Conde relata, en lanacion.es, como el equipo de gobierno del PSOE "no hacía llamamientos públicos para licitar las obras". "No se ha dado, si quiera, apariencia de legalidad -continua el portavoz popular- jugaban con varias empresas de los mismos propietarios. Se ocultaba de forma deliberada la información a otras empresas".

El PpdG lleva detectando irregularidades desde hace tiempo. De hecho, Conde anuncia en este digital que su partido va a denunciar una condonación a una junta de compensación de 1,5 millones de euros. "Se trata también de irregularidades en la gestión del propio ayuntamiento. El señor Bugallo que lleva 10 años gobernando y el PSOE que lleva 25 han llegado al agotamiento de su proyecto".

"Si se demuestra su implicación el alcalde debería dimitir inmediatamente, él y todos los implicados. La petición de dimisión sería inmediata y contundente por nuestro lado. No se puede mirar para otro lado cuando los hechos son evidentes. Ni la Fiscalía va a poder mirar para otro lado" concluye.

FUENTE: la nación

Una empresa pública pagaba todos los gastos

El PSOE de Lorca, campeón en corrupción
Varios dirigentes del PSOE, que formaron la anterior corporación municipal de Lorca, entre quienes se encuentran el ex alcalde Miguel Navarro y varios concejales, eran miembros de un entramado de corrupción que no reparaba en nada.

Partidos de fútbol, comidas, hoteles, viajes e incluso visitas a prostíbulos corrieron a cargo del erario público. La empresa municipal de limpieza, Limusa, fue la encargada de financiar los gastos. Pero no sólo eso, desde la empresa pública también se entregaron grandes sumas de dinero en efectivo a cargos políticos, como consta en el sumario del caso.

Según un auto del juzgado número 4 de Lorca que lleva el caso, varios políticos socialistas se lucraron y beneficiaron consecuencia de las gestiones ilegales del director de la empresa pública de limpieza Limusa, Francisco Gil. Parte de la anterior corporación municipal fue detenida a finales de mayo, aunque ahora mismo se encuentran en libertad con cargos: el ex alcalde Miguel Navarro y los ex concejales, Miguel Miras, Jesús Molina y Manuel Sevilla. Al igual que los anteriores, el interventor del Ayuntamiento, Francisco Poyato, también fue detenido y se encuentra en libertad con cargos.

Son imputables, igualmente, según el juez, los diputados regionales Bartolomé Soler (PSOE) y José Antonio Pujante Diekmann (IU), que formaron parte de la junta de gobierno de la empresa municipal cuando fueron concejales de Lorca. No obstante, por ser aforados, el juzgado se ha inhibido en ambos casos a favor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Y es que en Lorca, con Francisco Gil, al cargo de Limusa, el dinero público estaba siempre a disposición de los políticos. El sumario del caso recoge cientos de facturas, que miembros de la corporación municipal pasaban a la empresa pública. No importaba el motivo.

Pero las correrías y juergas pagadas por la empresa pública no son el único punto del caso. Tal y como explica el auto, un informe de la Agencia Tributaria, publicado en exclusiva por lanacion.es, confirma la existencia de un entramado de empresas gestionadas a través de Limusa, que habrían incurrido en delitos fiscales. Los administradores de la sociedad Cabo Cope Naturaleza, la empresa matriz de la trama corrupta, también fueron detenidos. En ésta figuraban como propietarios, además de Francisco Gil y el ex concejal Miguel Miras, el dentista y hermano del delegado del Gobierno en Castilla y León, Urbano Alejo, el notario Sebastián Fernández y el corredor de seguros Ángel Trinidad, todos ellos detenidos en mayo y actualmente en libertad con cargos. Consecuencia de la investigación de esta parte de la trama también se encuentran imputados los empresarios Antonio y José Baños y el empleado de banca Manuel Latorre.

FUENTE: La nación