La Delegación del Gobierno en el País Vasco y el ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por el PSOE, mantienen un litigio porque el consistorio se niega a quitar el nombre de un etarra de una calle del municipio. Dos meses después de que el Juzgado número uno de San Sebastián haya dictaminado que el consistorio debe cambiar el nombre de la calle de Mikel Gardoki, la placa sigue allí y nadie en el equipo de gobierno se ha planteado quitarla. Por el contrario, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco alegando que no queda claro que Gardoki fuese un miembro de ETA.
Este es uno de los siete litigios que mantiene el Estado para conseguir que se retiren los nombres de los etarras de calles y plazas de los municipios de Euskadi, en atención a la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo aprobada en el Parlamento vasco en junio de 2008. Se trata de los municipios de: Leioa, Etxebarri, Amorebieta, Arrigorriaga y Getxo, gobernados por el PNV y el de Hernani, gobernado por ANV.
En el caso del ayuntamiento de San Sebastián, el recurso presentado por la Abogacía del Estado ante la jurisdicción contencioso-administrativa ya cuenta con el fallo del juzgado número uno de Donosti. El juez falló a principios de diciembre a favor del Estado, dando por sentado que el nombre de Mikel Gardoki era el de un “militante de ETA”, como había alegado la Delegación del Gobierno. Por ello, pidió al consistorio que cambiase el nombre a la calle, en este caso un Paseo, por entender que “menoscaba el sentir de las víctimas” de ETA y quiebra el derecho de “toda la ciudadanía vasca a lograr una convivencia en paz y libertad”.
Sin embargo, y dado que Mikel Gardoki murió en un enfrentamiento en 1975 con la policía de Franco, el juez considera que el ayuntamiento no tuvo la intención de exaltar la “actividad delictiva” del etarra, sino que utilizó su nombre como “expresión de la crítica hacia la actuación de una policía al servicio de un régimen de ausencia de libertades públicas”.
La sentencia se notificó el 10 de diciembre pasado y transcurridos casi dos meses, el citado Paseo se sigue denominando Mikel Gardoki, una calle en la que, por cierto, ETA asesinó en enero de 1997 a Eugenio Olaciregi, empleado de una tienda de bicicletas en la que Valentín Lasarte había comprado dos bicicletas horas antes de ser detenido en marzo de 1996.
El consistorio ha optado por recurrir la decisión judicial del cambio de nombre de la calle ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fuentes del equipo de Gobierno del ayuntamiento consultadas por Europa Press explicaron que se ha optado por recurrir después de que Alternativa y Aralar solicitaran agotar todas las posibilidades legales. En este sentido, explicaron que entre los argumentos que se alegan está que no queda clara la militancia de Gardoki en ETA.
Este es uno de los ejemplos de las dificultades que están surgiendo para retirar los nombres de etarras de las calles y plazas del País Vasco. Como también se pone de manifiesto en el recurso presentado por la Abogacía del Estado para que el ayuntamiento de Hernani, gobernado por ANV, cambie el nombre de la Plaza dedicada al etarra José Manuel Aristimuño, quien también falleció en un enfrentamiento con la Policía, en Vitoria, el 23 de marzo de 1981.
Tras los requerimientos presentados por parte de la Delegación del Gobierno en el País Vasco para que quitase el nombre de Aristimuño de una plaza y no atendidos por el ayuntamiento de Hernani, la Abogacía del Estado presentó el 9 de mayo de 2008 un recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, el Juzgado conocedor del mismo planteó falta de competencia jurisdiccional y la cuestión está pendiente de resolverse, casi dos años después de iniciarse el litigio por parte del Estado.
El resto de los municipios contra los que el Estado mantiene litigios para que retiren las placas con los nombres de etarras de sus calles están todos gobernados por el PNV. Se trata de: Leioa, Etxebarri, Amorebieta, Arrigorriaga y Getxo. En este último la jurisdicción ordinaria ya ha fallado, lo ha hecho en contra de la reclamación de la Abogacía del Estado y ésta ha recurrido.
FUENTE: minutodigital
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