Akal adoctrina a nuestros escolares contra la Iglesia.La editorial AKAL distribuye 'libros ético-cívicos' que se mofan de la religión y elogian al sandinismo
Dios encarnado en un mercenario del oro, mensajes como “los jóvenes caen en la droga porque no tienen fe en Cristo” o alusiones al reality show de cómo se elige al Papa con mensajes del tipo “envía la palabra BRAD CLEMENTE II al 7775 y ¡hazle PAPA!” son algunos de los múltiples ejemplos que pueden leerse en el libro Educación Ético Cívica de la editorial Akal que se estudia en 4º de ESO en, al menos, ocho provincias de España (Canarias, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga, Granada, Madrid y Ciudad Real). Ésta es la manera que tiene José Luis Rodríguez Zapatero de educar a nuestros hijos a través de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).
De esta manera, el Ministerio de Educación vela por los "contenidos neutrales" (según muchas veces han explicado desde el interior de la propia cartera) de la asignatura Educación por la Ciudadanía.
A esto además se suma que los propios autores del libro de la Editorial Akal han declarado abiertamente estar en contra de las asignaturas. Carlos Fernández Liria, definido por la Wikipedia como uno de los "referentes de los movimientos sociales de izquierdas" y marxista declarado, trabaja actualmente como profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.
En una entrevista concedida a El otro país declara en este sentido que "también nosotros nos oponemos al perfil que se ha dado a esa asignatura. En efecto, no creemos que “educar para la Ciudadanía pueda consistir en adoctrinar en valores, por muy modernos y progresistas que sean [...] sino porque creemos que el sistema de instrucción pública tiene por tarea la ilustración y debe rechazar, en general, el adoctrinamiento. Por eso, nos oponemos a una asignatura que, como ésta [...] carece de un perfil científico.”
Dichos contenidos de la asignatura Educación por la Ciudadanía se regulan en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre de 2007, el cual reza que han de “tratar aspectos relativos a las relaciones humanas, desde el respeto a la dignidad personal y la igualdad de derechos individuales”. Como se puede deducir de las viñetas del libro de la Editorial Akal titulado Educación Ético Cívica, las enseñanzas de este material educativo se saltan a la torera la idea del respeto, cuando menos, a la religión y a la comunidad cristiana.
José Ignacio Martínez, portavoz de España Educa en Libertad, denuncia a La Gaceta que, para ellos, “el problema radica en que el Gobierno ha permitido por medio de una Ley (LOE) que en una asignatura (EpC) los decretos, contenidos, objetivos y criterios de evaluación introduzcan contenidos no neutrales y que están en discusión en la sociedad. Además, esto vulnera el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos [...] como estable el art. 27.3 de la Constitución”.
José J. Escandell y Antonio Páramo, del Instituto CEU de Humanidades, Ángel Ayala, y José Ángel Ceballos, de la Universidad de Comillas, han realizado un amplio y completo estudio de 186 páginas sobre la asignatura y los libros de texto que la imparten desde distintas editoriales como McGraw-Hill, Serbal, Octaedro, Akal o Pearson.
Las conclusiones a las que los expertos llegan en dicho estudio son, entre otras, que “la mayoría de los manuales mencionan a los mismos personajes de referencia (F. Savater, V. Camps, K. Annan, Gandhi, F. Mayor Zaragoza,etc.). Como si se hubiera creado un staff de pensadores políticos de referencia obligada, a despecho de los clásicos. Grosso modo, los autores decisivos son los partidarios del Nuevo Orden Mundial y de izquierdas. Faltan (o si no, aparecen con frecuencia deformados) los autores clásicos”. Con respecto a la familia y a la religión concluyen: “Si son aludidas, lo son en sentido más bien negativo. La familia sólo se acepta en una versión moderna, abierta y plural. La religión es generalmente un elemento de freno del progreso”. En algunos casos, como el que nos ocupa, se ataca abiertamente.
SUSPENSO EN EPC
La cifra de padres que se rebelan contra la asignatura Educación por la Ciudadanía asciende ya a 54.000. Y las razones están a la vista. Para ellos, los contenidos de algunos libros no son aceptables.
La familia Flores, de Boyuyos, en Huelva, fue la primera en denunciar que el contenido del libro de la editorial McGraw-Hill era adoctrinador y, por tanto, no respetaba la obligatoria neutralidad ideológica que debía tener por ley. Ellos fueron los primeros padres que recibieron una sentencia favorable por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a favor de la objeción de conciencia. Se sumaron dos denuncias más en Andalucía y otra en Asturias.
Estas sentencias hicieron que el Tribunal Supremo declarase la posibilidad de la objeción de conciencia. De los 30 jueces, en torno a 20 le dieron la razón al Gobierno y un tercio de los jueces votaron a favor de que existiera la objeción. Estas sentencias estuvieron rodeadas por la polémica: tardaron tres días en cerrarse las negociaciones y no pasó desapercibido el hecho de que la entonces ministra de Educación, Mercedes Cabrera, tuviera grabada la celebración del fallo tres días antes de que se produjera.
De este hecho se cumplía un año a principios de este mes. Tan endeble resultó el fallo del Supremo que, posteriormente, varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, en concreto el TSJ de Castilla y León y el Tribunal de lo Contencioso de Aragón, admitieron la objeción de conciencia basándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, que el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que contradice la jurisprudencia del Constitucional porque veía un alto riesgo de adoctrinamiento en las asignaturas.
La consecuencia directa de todo esto es que los padres que deciden que sus hijos no acudan a las clases de EpC reciben un suspenso en la asignatura. Esto ocurre en toda España excepto en Castilla y León y en los mas de 500 casos de padres que han recurrido y han recibido una sentencia favorable. Todos ellos, en lugar de un suspenso, reciben un no cualificado.
Este próximo viernes, una serie de familias afectadas se desplazarán a Estrasburgo para denunciar al Gobierno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
UNA DE LAS MADRES OBJETORAS
Me siento agredida. Quiero educar a mis hijos como yo desee”. Con esas palabras argumenta una madre andaluza la objeción de uno de sus hijos, alumno de 4º de la ESO, quien prefiere mantener el anonimato por miedo a posibles represalias.
Su vástago, al igual que otros dos compañeros, no asiste a clase de Educación para la Ciudadanía por segundo año, una decisión que ha provocado dos suspensos en su expediente académico y que pone en peligro su paso a Bachillerato.
Pese a ello, no duda de su decisión. Asegura que hasta que esta asignatura no elimine su vertiente moralista y se centre en aspectos referidos a los derechos y a la Constitución no cambiará de opinión, a pesar de las “fuertes palabras” que en alguna ocasión ha tenido que soportar su hijo por parte del profesorado. El paso del tiempo ha provocado que muchos docentes empaticen con estos tres alumnos.
Esta madre se muestra convencida de que “alguien abrirá la mente y evitará que estos libros invadan la esfera privada”. Mientras ese momento llega, sus hijos seguirán concibiendo esta situación como una “lección de ciudadanía”.
BUROCRACIA AUTONÓMICA
El Real Decreto 1631/2006, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de enero de 2007, estipula las enseñanzas mínimas de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) para los alumnos de la ESO. Tras la publicación de esta norma, corresponde a las comunidades autónomas comprobar si los contenidos que ofrecen los libros de texto de las diferentes editoriales se adecúan a los mínimos impuestos por el Ministerio de Educación.
Una vez superada esta burocracia llega el turno de los centros educativos, que escogen entre los diferentes libros aptos aquél que consideran más adecuad. Este trámite se realiza durante la reunión de los distintos departamentos.
Precisamente, en este complicado engranaje competencial se escudan algunas autonomías para esconder los posibles errores en el filtrado de contenidos. Una de ellas es Castilla-La Mancha, que dio el visto bueno al libro de Educación Ético Cívica de Akal y que ha rehusado hacer declaraciones a este periódico. Su argumento se sustenta en que no tienen competencias para revocar la ley, aunque sí que tienen la potestad de poder prohibir los contenidos que ofrece una editorial por considerarlos inadecuados, algo a lo que se verían avocados si prospera la demanda presentada por los padres de un centro educativo andaluz por los contenidos incluidos en el libro para EpC de la editorial McGraw-Hill.
Originalmente publicado en La Gaceta.
Vea el video:
Fuente: periodistadigital
No hay comentarios:
Publicar un comentario